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Ni cuarentena ni distanciamiento para las trabajadoras sexuales en Guatemala

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Cerca de 26.000 mujeres de Guatemala quedan excluidas de los programas sociales del Gobierno para capear la crisis del coronavirus. Se les impide acceder a condones y pruebas médicas en centros de salud

La música ya no suena en el club nocturno Los Cocos desde que cerrara sus puertas con la llegada de la covid-19. Tampoco se exhiben en su interior las mujeres extranjeras procedentes de Nicaragua, Honduras o El Salvador que, con sus risas forzadas, intentaban que los hombres las invitaran a una copa como paso previo a que pagaran por mantener relaciones sexuales. Ya no existe tampoco el trasiego de vehículos y motos que cada noche llegaban a este lugar, situado en medio de una carretera en el Departamento de Retalhuleu, a 340 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

La irrupción del coronavirus en Guatemala borró de cuajo esta imagen para dar paso a otra distinta. Las mujeres se afanan ahora por lavar coches frente al lugar en el que hace unos meses ofrecían su cuerpo a cambio de dinero. Tras la clausura del establecimiento que les permitía comer y ayudar a sus familias, han creado un centro de limpieza improvisado en el que sacan brillo a los vehículos para recaudar comida, con el fin de donarla a las trabajadoras sexuales que, como ellas, se han visto privadas del ejercicio de su actividad.

Al ritmo de música latina, desde un altavoz se anima a la población a solidarizarse con el colectivo MTS (Mujeres Trabajadoras Sexuales) que han quedado en total abandono con el cierre de los bares, discotecas y casas donde desempeñaban su profesión antes de que la pandemia estallara en el país centroamericano el pasado 13 de marzo, con la aparición del primer caso de coronavirus, que ha causado ya más de 1.000 muertes. “Gracias a las personas que están apoyando incondicionalmente esta causa, porque estamos en el momento de echarnos la mano”, grita en el micrófono el animador mientras suena a todo volumen una cumbia colombiana.

Frente al club nocturno Los cocos ahora las trabajadoras sexuales han montado un centro de lavado de vehículos.
Frente al club nocturno Los cocos ahora las trabajadoras sexuales han montado un centro de lavado de vehículos. ASIER VERA

Guatemala se mantiene desde mediados del mes de marzo en un toque de queda desde las 18.00 a las 05.00 horas de lunes a sábado y de 24 horas los domingos, que ha dejado sin empleo a muchas de las cerca de 26.000 mujeres que, según un estudio de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), ejercen esta labor en el país. Al no estar reconocida legalmente esta actividad, ninguna puede acceder a las ayudas sociales prometidas por el Gobierno, como los 1.000 quetzales mensuales (120 euros) para quienes se dedican al comercio informal o los 75 quetzales diarios (nueve euros) para quienes hayan sido despedidas de sus empleos.

Esta exclusión, sumada al cierre de los establecimientos habituales donde se ejerce el trabajo sexual, ha obligado a algunas mujeres a buscar alternativas para sobrevivir, como montar el centro de lavado de vehículos, que se ha convertido en un lugar de acopio de alimentos. Una de las impulsoras de esta iniciativa, Anet, originaria de Nicaragua y que lleva nueve años ejerciendo el trabajo sexual en Guatemala, se lamenta: “No hay clientes y no tenemos dinero ni para pagar un cuarto, ya que, si antes ganaba entre 500 y 1.000 quetzales diarios (60 y 120 euros), ahora solo 100 (12 euros) o a veces nada”. Anet, de 33 años, asegura que está “muy dura” la situación. “Y ayuda no tenemos porque para el Gobierno no existimos, y mucho menos las extranjeras”. Precisamente, recuerda que las trabajadoras sexuales procedentes de otros países no pueden regresar a sus casas ante el cierre de fronteras, ni tampoco pueden enviar dinero a sus familias, teniendo en cuenta la falta de ingresos, por lo que se han quedado varadas en Guatemala y sin empleo.

Ante un trabajo en el que el distanciamiento social es imposible, detalla que para esquivar al coronavirus trata de evitar los roces de los clientes, quienes muchas veces tratan de besarla. “Pero sé que, por más que intento, estoy demasiado en riesgo; si bien tenemos que buscar este trabajo porque no va a venir nadie a decirme ‘tome, aquí está el dinero para que coma día a día”. También denuncia que los centros médicos no las están atendiendo para entregarles las profilaxis y efectuarlas las pruebas de control para evitar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, tal como sucedía antes de la pandemia cada 15 días.

Esta situación es confirmada por Adriana Carrillo, Coordinadora Nacional de la Organización Mujeres en Superación (OMES), quien señala que la covid-19 las ha dejado mucho más vulnerables. “A diferencia de otras profesiones no contamos con un seguro médico ni social, ni con un reconocimiento como trabajadoras sexuales”.

“La única salida que tienen las compañeras es ir a chambear a la calle bajo estas condiciones totalmente desastrosas, porque nadie en su sano juicio sale a arriesgarse si tuviera las condiciones para poder quedarse en casa”, asevera. “Hoy decimos con más fuerza que nunca que los gobiernos tienen una deuda bastante grande con las trabajadoras sexuales y es una ley que nos reconozca” remarca Carrillo, para que en una crisis como la actual puedan tener acceso a ayudas sociales. No obstante, recuerda que en los últimos años ha habido avances, pero insuficientes, como el hecho de que el Decreto Gubernativo 57-2012, que contempla el Reglamento para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH, establezca que las personas que ejercen el trabajo sexual conforman la población en más alto riesgo y vulnerabilidad.

“Aquí nos reconocen como trabajadoras sexuales”, indica, y señala que deben ir a sus exámenes de profilaxis, si bien con la llegada del coronavirus denuncia que se han cerrado los centros de salud.  “No tenemos acceso ni a condones, ni a pruebas de VIH o enfermedades de transmisión sexual (ETS), por lo que corremos el riesgo de que cuando la covid-19 termine, se puedan disparar estas enfermedades en cuanto las mujeres acudan a realizarse las pruebas”.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recoge en sus estadísticas que, de enero a mayo de este año, se han realizado 1.695 pruebas rápidas de VIH a trabajadoras sexuales, así como 1.308 pruebas rápidas de sífilis y 1.329 pruebas rápidas de Hepatitis B. Asimismo, en los cinco primeros meses del año, se ha atendido a 7.611 mujeres trabajadoras sexuales en servicios de profilaxia sexual y se han entregado más de 190.000 lubricantes y más de 778.000 condones. Del total de mujeres atendidas, el 99% ha recibido charlas de información, educación y comunicación, mientras que el 25% ha obtenido paquetes de prevención, como ofertas de pruebas de VIH y entrega de condones y lubricantes.

Un grito para exigir la legalidad del trabajo sexual

“Vamos a la calle a dejar alimentos a las compañeras y nos piden que, por favor, en las bolsas pongamos condones porque no tienen y en las farmacias los precios se dispararon y, si hoy tienes 10 quetzales en el bolsillo (1,20 euros), ¿qué vas a priorizar como madre de familia: comprar alimentos o un paquete de condones?”, pregunta la coordinadora nacional de OMES. Carrillo también es socia fundadora del Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala (Sintrasexgua), que en el 2016 fue inscrito en el Ministerio de Trabajo de este país. De esta manera, se reconoció explícitamente la existencia del trabajo sexual autónomo, si bien, al no estar legislado no se contemplan derechos a quienes se dedican a esta profesión. Por ello el sindicato, que cuenta con 35 mujeres, inició negociaciones con el Gobierno para que apruebe un régimen especial para este tipo de profesionales en el Código de Trabajo, aunque las reuniones se han paralizado debido al coronavirus.

Uno de los obstáculos que tiene su legalización es la trata de personas que, en ocasiones, va ligada a esta actividad. La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) del Gobierno de Guatemala no considera que el hecho de legislar el trabajo sexual “acabe con la trata de personas en su modalidad sexual”. No obstante, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solo recibió 12 denuncias en el 2019 relacionadas con la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y cinco en su modalidad de prostitución ajena, en la que una o más personas se benefician de la prostitución realizada por terceras personas adultas. Mientras, la Fiscalía del país centroamericano recibió 345 denuncias de trata de personas el pasado año, incluidas las de la modalidad de explotación sexual, al tiempo que los órganos judiciales emitieron 14 sentencias condenatorias y nueve absolutorias por este delito penado con prisión de ocho a 18 años.

Así, la covid-19 ha dejado desamparadas a miles de mujeres sin la más mínima prestación social tras haberse quedado sin empleo por el cierre de establecimientos y la caída de clientes en la calle. Ello ha supuesto que algunas de ellas hayan dejado de ofrecer sus servicios sexuales, como Acsa, quien vive en La Libertad (Petén), al norte de Guatemala y que ha tenido que abandonar su trabajo después de que cerrara el bar donde iba cada día.

Esta joven de 24 años, madre de dos hijos de dos y ocho años, ha tenido que buscar otro modo de generar ingresos con la venta de comida rápida en la calle como burritos, tacos y flautas: “No me queda la gran cosa, pero sí saco para comer a diario, nada más”. Acsa, quien se dedica al trabajo sexual desde los 18 años, lamenta que esta crisis llegara justo cuando se había matriculado en la universidad para estudiar Derecho y cumplir su sueño de ser notaria: “Pude ir a clase solo dos días y ahora tengo que pagar los 3.000 quetzales (360 euros) del semestre”. Previamente, y mientras ha estado ejerciendo el trabajo sexual, se graduó de maestra a los 22 años. “Cuando me metí al trabajo sexual yo dije que quería seguir estudiando”, aclara.

Según relata, algunas de sus compañeras sí han podido seguir ejerciendo el trabajo sexual en los cuartos de un bar, dado que la jefa les ha dejado la llave de los mismos a cambio del pago de un alquiler. “Se ponen en unos banquitos en la calle a esperar a los clientes, pero a veces no ganan ni para comer y pasa mucho la policía, por lo que no se puede trabajar”, lamenta Acsa, quien, durante los últimos días, ha ido a entregar bolsas de comida a sus compañeras gracias a un fondo de la RedTraSex. Esta organización recordó, con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, celebrado el pasado 2 de junio, que el 98% de las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe sostienen sus hogares, y que con las medidas de cuarentena se ven imposibilitadas de salir a trabajar y, al no estar reconocidas, no pueden acceder a las medidas de contención que los Gobiernos han dispuesto. Por ello, a través de un vídeo, al ritmo de la versión de la canción Resistiré del Dúo Dinámico, conmemoraron esta jornada con exigiendo la legalidad de su profesión.

El toque de queda también ha visibilizado mucho más a las trabajadoras sexuales, muchas de ellas, sobre todo las transexuales, ejercían su profesión de noche. “Las compañeras han tenido que organizarse y trabajar tres o cuatro juntas en una sola esquina para protegerse de la gente que pasa insultándolas y les gritan que tengan un poco de dignidad”, revela Ixchel Solórzano, una mujer transexual que ha fundado la Organización para el Desarrollo, la Inclusión Social y Oportunidades para Todos.

Además, añade que algunos policías les han hecho saber que tienen que correrse a callejones donde no transite tanta gente para evitar que les digan cosas y les han pedido que el trabajo sexual no lo hagan de día. Esta situación, unida a que las propias mujeres deben comprarse el gel antibacteriano y las mascarillas, provoca que “en algunos casos, algunas tengan que recurrir a trabajar sin protección de preservativo con tal de ganarse algo para llevarse a casa al día y poder comprarse un almuerzo”, asevera.  “Cuando están excluidas de las respuestas de protección social de la covi-19, las trabajadoras sexuales se enfrentan a poner su seguridad, su salud y sus vidas en mayor riesgo solo para sobrevivir”, ha advertido la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual y Onusida.

“Todas estamos aquí por nuestros hijos”

Desde que salen los primeros rayos de sol, varias calles de la zona 2 de Ciudad de Guatemala se llenan de mujeres con escasa ropa. Caminan de un lado a otro entre pequeños hoteles y viviendas con cuartos en alquiler mirando su teléfono a la espera del primer cliente que les permita comprar la comida de esa jornada. Un motorista se dirige a una de ellas y, sin quitarse el casco para no ser reconocido por los vecinos, entra junto a la chica en una casa.

Tras entregarle 130 quetzales, de los cuales 100 son para la mujer (12 euros) y 30 (3,6 euros) para pagar el cuarto, podrá mantener relaciones sexuales con ella durante 30 minutos. Eso sí, ambos sin quitarse la mascarilla y echándose gel en las manos como única protección para un trabajo donde es imposible el distanciamiento social. “Me da miedo porque no sabemos si nos traen la enfermedad del coronavirus”, reconoce Helen, una joven de 24 años, quien desde los 20 se dedica al trabajo sexual y que teme llevar la enfermedad a su casa donde viven sus dos hijos de siete y nueve años, y su hija de dos. En cuanto se va el hombre, Helen se afana en desinfectar la cama donde trabaja y se echa alcohol y gel en las manos.

Recalca que ella se dedica al trabajo sexual por sus hijos, si bien considera que sería un “poco vergonzoso” que los dos varones se enterasen de su profesión. “Pero igual le pido a Dios que a su edad lo sepan entender”. Asimismo, asegura que le da “temor” que cuando su hija sea más mayor, quiera también dedicarse al trabajo sexual al ver que su madre lo hizo: “Es algo difícil para mí, porque yo lo he sufrido y no quisiera que ella lo pase”.

“Todas estamos aquí por nuestros hijos y a veces, el mismo Gobierno nos los quieren quitar al considerar que les estamos dando un mal ejemplo sin saber que nos están arrebatando el motivo por el cual nosotras estamos acá”, denuncia Helen. Tras volverse a perfumar, la joven regresa a talonear en la calle en busca de otro cliente, pese al temor a contagiarse: “La gente piensa que una gana un dineral y qué ando haciendo aquí, pero somos como cualquier ciudadano, tenemos deudas y tenemos que seguir con nuestro día normal trabajando para dar de comer a nuestros hijos”.

Su compañera, Debi, madre de tres hijos de ocho, 10 y 12 años, lamenta la caída de clientes. “A la gente le da miedo venir donde nosotras porque piensa que estamos infectadas y tampoco sabemos con quién nos metemos”, opina. Además, revela que la policía y los vecinos las han querido sacar de las calles, si bien remarca que no se pueden ir porque ante la falta de ayuda estatal “no nos va a matar el coronavirus como dicen, sino que nos va a matar el hambre”.

La secunda Joisy, quien critica a los policías: “Nos miran mal, pero para nosotras es un trabajo como el que ellos hacen, aunque muchas personas no lo ven así y piensan que una está en la calle porque no tiene nada que hacer o porque nos gusta estar teniendo sexo por gusto, pero no es así”. Tras asegurar que le gustaría que legalizaran el trabajo sexual, subraya que siguen cobrando los precios habituales. “No podemos denigrar nuestro cuerpo o llegar casi al límite de regalarlo solo por la pandemia del coronavirus, a pesar de que los hombres están exigiendo bajarlos”, justifica.

Por su parte, Lidia regenta una de las casas en las que nueve mujeres mantienen relaciones sexuales a cambio de dinero: “La situación está difícil y la policía incluso se han querido llevar a las señoritas por estar en la esquina y nos hostiga amenazando que quiere cerrar el lugar que lleva abierto ocho años”. Sin embargo, remarca que no tienen ningún motivo, dado que ella no recibe a menores de edad que sí han llegado a su casa con la intención de alquilar uno de los cuartos para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

A una hora de que inicie el toque de queda y vacíe las calles de Ciudad de Guatemala por completo, Lidia reprende desde la entrada de su casa a dos chicas de unos 20 años para que se levanten de un portal donde están sentadas mirando cada una su teléfono móvil. “Así no atraen clientes y yo debo pagar los 3.000 quetzales (360 euros) del alquiler de la casa y sacar mi sueldo, ya que según lo que ganan ellas, yo gano”, concluye esta mujer de 55 años, madre soltera de seis hijos y que ejerció el trabajo sexual durante 10 años.

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