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Con Calderón y Peña, exdirigente ilegal del SME recibió liquidación millonaria, permisos, instalaciones y bienes de la nación al extinguir Luz y Fuerza

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Martín Esparza firmó con funcionarios del Gobierno Federal peñista un Memorándum de Entendimiento en el que se regalaban los bienes de LyFC, es decir, bienes de la nación, a una empresa privada que todavía ni siquiera existía.

(15 de julio, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde hace más de una década, miles de extrabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se enfrentan a la incertidumbre, sin dar tregua a la lucha por sus derechos laborales.

La batalla por denunciar cómo se orquestó la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el 11 de octubre de 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, y dar a conocer qué intereses estuvieron de por medio, quiénes fueron los operadores y beneficiados, entre otros factores, ha encontrado un atisbo de esperanza con la llegada del nuevo gobierno, según expresa el secretario general interino del SME, Jorge Sánchez García, en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO.

“La ventaja que tenemos es que ya le entró Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera), que está investigando; ya la entró la secretaria de la Función Pública (Irma Eréndira Sandoval Ballesteros) y también la Secretaría de Gobernación (Segob). Solo falta la Secretaría del Trabajo (STPS)”, destaca.

Uno de los principales implicados es el exdirigente Martín Esparza, a quien un amplio sector de electricistas decidió expulsar del sindicato, a través de 32 mil 125 firmas que se entregaron a la Comisión Autónoma de Justicia y después fueron llevadas por Sánchez García, junto a 25 mil compañeros, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en persona.

Acta de expulsión de Martín Esparza
Archivo original de firmas / Foto: Carlos Portillo

“¿Por qué motivo se le expulsó? Por traición al sindicato, por usurpar las funciones de secretario general del SME y estar firmando documentos que solamente le benefician a él en lo particular y no atender las demandas de los trabajadores; por haber recibido recursos que no le correspondía recibir, por estar recibiendo todas las instalaciones de Luz y Fuerza: 16 plantas generadoras; entre ellas, la termoeléctrica Jorge Luque y la planta de Necaxa, hasta el aeropuerto de Necaxa, así como 40 inmuebles. Todo eso recibió Martín Esparza a nombre del sindicato”, detalla el actual secretario.

Archivo original de firmas / Foto: Carlos Portillo

El decreto de Calderón que desapareció la empresa eléctrica tuvo lugar en un contexto de estado de indefensión del SME, por no contar con un secretario general, pues una reelección de Esparza había sido anulada por alteración de padrones, y se tardó en volver a convocar hasta el 2010, con solo 500 participantes a mano alzada, por lo que de nuevo se consideró fuera del estatuto y no se acreditaría su personalidad como dirigente. Lo anterior, mediante Laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que tuvo como consecuencia que la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo le negara la llamada “toma de nota”.

Negativa de la “toma de nota” de Martín Esparza

Sin embargo, durante ese lapso se jugaría el destino de cerca de 44 mil trabajadores que terminaron en la calle y casi 20 mil jubilados que quedaron a la deriva. Se fueron a descansar el viernes y para el lunes ya no tenían trabajo, negándoles de inmediato el acceso a las instalaciones, con militares y granaderos.

“Meses antes de su elección, la que le anularon, (Esparza) recibió la fibra óptica de Hidalgo, siendo gobernador (Miguel Ángel) Osorio Chong; recibió el permiso de operar la fibra óptica en Hidalgo, recibió una notaria pública y recibió el permiso para explotar un canal de televisión: meses antes de extinguir Luz y Fuerza del Centro”, relata Sánchez García.

Tras la extinción de LyFC, Esparza encabezaría —no como secretario general, pero sí como representante común de 15 mil trabajadores— una simulación de “resistencia” en la que se negaban a cobrar su liquidación por irse a un juicio mal planeado, que evidentemente perdieron, pues demandaba el decreto presidencial en lugar de sus efectos. Finalmente, el exdirigente sindical negoció liquidaciones millonarias para su círculo más cercano e instruiría a los demás aceptar los términos de las autoridades.

“A traves del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en ese tiempo) logramos que nos entregara el padrón con que liquidó a los trabajadores el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes). Y al empezar a analizar, nos encontramos que a Martín Esparza, a todo su comité y 200 gentes más, les dieron cantidades millonarias fuera de la ley, del contrato y de todo (…) A Martín Esparza le tocaban 900 mil pesos, pero recibió cinco millones”, puntualiza.

Además, aparecen cerca de mil nombres que, al cotejar datos, no figuraban ni como trabajadores de LyFC, ni en el padrón del SME, ni como afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En 2011, el 79 por ciento de los miembros del sindicato elegirían a Jorge Sánchez García como secretario general interino, en un estadio de fútbol de Azcapotzalco, Ciudad de México, y ante notario público, aunque tendría que defender dicha elección durante varios años, pues las autoridades laborales se negaban a reconocer su personalidad, a pesar que un tribunal colegiado de circuito en materia laboral del Poder Judicial de la Federación terminó revisando el caso y dándole la razón.

Asamblea del SME (2011) / Foto: Carlos Portillo

Esto frenaría por un tiempo las acciones de Esparza y ciertos funcionarios federales, debido a que la secretaría general interina comenzó a meter amparos contra las licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales se encaminaban a privatizar el sector.

Jorge Sánchez García, secretario general interino del SME / Foto: Carlos Portillo

No obstante, en 2015, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo planteó la revocación —sin acta de asamblea ni exposición de motivos— de Sánchez García, el 14 de julio, volviendo a poner de manera ilegal a Esparza en el cargo, a partir del día siguiente, quien inmediatamente hizo una reforma de estatutos para ampliar su periodo de dos a cinco años.

El 10 de julio del mismo año, Esparza había firmado con funcionarios del Gobierno Federal peñista un Memorándum de Entendimiento en el que se regalaban los bienes de LyFC, es decir, bienes de la nación, a una empresa privada que todavía ni siquiera existía, y de la que el secretario de facto terminaría siendo dueño del 49 por ciento de las acciones.

Memorándum de Entendimiento (2015)
Memorándum de Entendimiento (2015)

Mediante escritura pública número 128,360, se constituyó la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I de C.V., el 23 de septiembre de 2015, con la participación accionaria de la empresa portuguesa Mota Engil, S.A. de C.V., en un 51 por ciento; del SME, bajo la presunta dirección de Esparza, en un 40 por ciento; y de la sociedad cooperativa creada también por él, denominada Luz y Fuerza del Centro, en un 9 por ciento.

En este sentido, “el 100 por ciento de las instalaciones de Luz y Fuerza se le entregan dizque al sindicato, él las recibe supuestamente como secretario general; mediante un acuerdo con el SAE y con INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) entrega todos esos bienes al Fénix (…) y se convierten en dueños de todo”, subraya Sánchez García.

“Se brinca todas las leyes, ¿cómo es que el subsecretario de Gobernación, el subsecretario de Energía y el subsecretario de Trabajo firman con el sindicato, el INDAABIN y el SAE que le van a entregar todos los bienes al Fénix gratuitamente, regalados?”, cuestiona.

Cabe mencionar que, por medio de ese memorándum, se le otorgó a Generadora Fénix —esto es, a Mota Engil y a Martín Esparza— el derecho de explotación por 30 años de las plantas generadoras, sin beneficio alguno para el Gobierno Federal, lo cual tuvo como consecuencia que la Comisión Federal de Electricidad viera mermado su patrimonio y, consecuencia de ello, perdiera su calidad crediticia.

Uno de los argumentos más fuertes de la actual secretaría general del SME, en su lucha para echar abajo el Memorándum de Entendimiento, es que Esparza lo firmó cinco días antes de volver a ostentarse —aunque de manera ilegal— como dirigente. Es decir, incluso aunque hubiera sido válida la revocación de Sánchez García, seguía siendo secretario hasta el 14 de julio.

A decir de éste, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha manifestado que los funcionarios que firmaron el convenio con Esparza carecían de facultades para llevar a cabo dicho memorando, pues ninguna autoridad federal puede regalar bienes de la nación a una empresa privada.

“Estamos combatiendo el memorando de entendimiento, que le quitó los bienes a LyFC para dárselos a Martín Esparza, y proponemos que cuando tiremos ese memorando le reintegremos todo a CFE, para fortalecerla. Eso queremos hacer. El sindicato nunca pelearía bienes que son de la nación”, concluye Sánchez.

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